La Constitución aprobada en el país en el año 2008, conocida como del “Buen Vivir” (en alusión al término del Sumak Kawsay, de los pueblos aborígenes, para definir a un concepto autóctono de Estado del Bienestar), busca justamente el establecimiento de un modelo distinto de Estado al que se pensó desde la Norma Suprema de 1998, que a criterio de muchos doctrinarios y académicos respondía a intereses de tipo neoliberal.
En este contexto la participación que tiene ahora el Estado dentro de la garantía y efectividad de los derechos de los ciudadanos es mucho mayor, al igual que la repercusión que tienen por ende las asignaciones presupuestarias que reciben tanto las Instituciones que dependen del Estado Central (Dependencias del Ejecutivo, como Ministerios, Subsecretarias y Secretarias), así como los Gobiernos Autónomos Descentralizados, GADS, que en el caso ecuatoriano responden a una división que va desde los Consejos Provinciales, Municipios y Juntas Parroquiales (Parroquias Rurales), destacando además que la Constitución creó las Regiones (Similares a las competencias que tienen las Comunidades Autónomas en España) pero hasta la fecha no se organizan, ni peor aún se expiden los Estatutos que los regulen.
De esta manera la Constitución señala que dentro de la política económica, serán sus objetivos entre otros: garantizar la correcta distribución de los ingresos (propios de un modelo socialista), incentivar la producción nacional (nacionalismo) la acumulación del conocimiento científico y tecnológico (que ahora se entiende el cambio de la matriz productiva de uno netamente extractivista a uno que privilegia el conocimiento), y sobre todo a “…mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo”.
A fin de darle aplicación a estos principios económicos recogidos en la norma constitucional, fue la Asamblea Nacional (legislativo) la cual expidió el denominado “Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas”, el cual tiene por objetivo principal:
“… organizar, normar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, y regular su funcionamiento en los diferentes niveles del sector público, en el marco del régimen de desarrollo, del régimen del buen vivir, de las garantías y los derechos constitucionales…”.
Teniendo para ello 7 lineamientos para el desarrollo:
1. Contribuir al ejercicio de la garantía de los derechos de la ciudadanía, a través de asignaciones equitativas y por gestión de resultados.
2. Fomentar la participación ciudadana.
3. Construcción de un sistema económico social, solidario y sostenible.
4. Promover equilibrio territorial, a través de reparto equitativo de cargas y beneficios.
5. Fortalecer el Estado plurinacional e intercultural.
6. Políticas públicas que garanticen la soberanía nacional e integración regional.
7. Convivencia con la naturaleza (que en la Constitución le da categoría de “titular de derechos”).
Dentro del aspecto trascendental del manejo de las finanzas públicas, esta normativa crea un SISTEMA NACIONAL DE FINANZAS PÚBLICAS, SINFIP, el cual comprende “conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del Sector Público, deben realizar con el objeto de gestionar en forma programada los ingresos, gastos y financiamientos públicos”. (Art.70).
Como objetivo principal del SINFIP se encuentra la sostenibilidad, estabilidad y consistencia de la gestión de las finanzas públicas.
Teniendo para la ejecución del Presupuesto General del Estado, unas etapas claramente marcadas que son: Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución, Seguimiento y Control, Clausura y Liquidación.
Al igual que la mayor parte de Estados Democráticos, la aprobación de dicho presupuesto le corresponde al Legislativo, en este caso, Asamblea Nacional del Ecuador.
El modelo implementado con el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, pero sobre todo con la Constitución, ha limitado en la práctica la realización de muchas gestiones por parte de las Administraciones Públicas, en este caso Universidades, Institutos, los cuales antes gozaban de una mayor autonomía para gestionar sus ingresos y gastos, pero que a la fecha el modelo concentrado exige mayores controles y sobre todo que se autorice el desembolso desde una cuenta única, manejada en este caso por el Ministerio de Finanzas.
Razón por la cual si bien es cierto el objetivo del sistema es precautelar que existan gastos excesivos, que se abusen los recursos, y sobre todo mantener cierta estabilidad presupuestaria, n por ello se pueden poner trabas y sobre todo concentrar y centralizar el modelo, al contrario la tendencia internacional es a entregar mayores competencias y facilidades de manera descentralizada y desconcentrada.
Si bien es cierto, no se pude hacer todavía un balance total, puesto que no ha pasado mayor tiempo con este sistema, si se puede decir que cada vez el Estado central tiene mayor poder no solo en el plano político, sino sobre todo en el día a día, desde la aprobación de una compra hasta el pago de una partida, lo cual hace que la Administración no sea tan ágil como el ciudadano lo espera.
Una vez concluido el estudio del presente módulo Técnicas de Gestión Pública en el que se han tratado dos temas: Reingeniería de de Procesos dictada por el profesor D. Daniel de la Cuerda y Evaluación y Calidad dictada por el profesor D. Juan Antonio Garde, debo comentar que las dos áreas de estudio escogidas han sido de mi especial interés, debido a la didáctica muy clara con la que se han tratado y la importante bibliografía proporcionada.
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